También impedirá la publicidad de las apuestas que se insertan como parte de las retransmisiones deportivas, tanto televisivas como radiofónicas. De esta forma, obligará a que “se diferencie claramente la comunicación comercial de la retransmisión del evento en sí, de tal forma que no aparezca integrada en la narración o los diálogos de los encargados de aquella”. La norma establece que los anuncios del juego “deben ser fácilmente identificables y reconocibles, en particular por los consumidores, sin que requieran de ningún esfuerzo para la apreciación o interpretación de su naturaleza comercial”. Además, exigirá identificar con claridad el operador del juego que se promociona. Para que quede claro que se trata de un anuncio, obligará a que figure la palabra “publicidad” en el anuncio.

Además, prohíbe la aparición en los anuncios o publicidad de actividades de juego “de personas o personajes famosos o de relevancia o notoriedad pública, reales o de ficción, que tengan un atractivo especial y diferenciado para el público infantil o juvenil”, a menos que hagan un llamamiento al juego responsable. En este sentido, el borrador incluye un capítulo para proteger a los menores de este tipo de actividad. Para ello prohíbe toda publicidad y anuncios que inciten directamente a los menores a apostar por sí mismos o con ayuda de terceros e impide la comunicación comercial que utilice la imagen o la voz de niños.

ampoco se permitirá la publicidad “en el interior de salas y otros espacios públicos en los que se desarrollen proyecciones de obras cinematográficas, representaciones o actuaciones teatrales, musicales u otros espectáculos públicos no restringidos a mayores de edad”.

La norma, que está en fase de información pública para que los agentes sociales presenten enmiendas, consta de 36 artículos que limitan las comunicaciones comerciales de las actividades del juego y establece las políticas de juego responsable y protección de usuarios.

Esta regulación se produce porque el sector ha vivido una eclosión en los últimos años. Un reciente informe de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) revela que en el último trimestre del año pasado los usuarios destinaron 1.853,76 millones de euros a las páginas de juego online, un 25,78% más que en el mismo periodo de 2013. Las empresas destinaron el año pasado 114,4 millones a publicidad y promoción.

Desde 2012, cuando el Gobierno regularizó la actividad y concedió las licencias para operar en España —hasta entonces muchas se establecían en Gibraltar para esquivar al fisco— la actividad del juego online se ha multiplicado. En los dos últimos años el juego regulado a través de Internet ha generado 12.164 millones, según el informe de la DGOJ. Medio centenar de empresas ya tienen licencias para operar y han abierto más de un centenar de páginas web de apuestas y juego online.

Durante este periodo el Gobierno ha aprobado varias normas para regular el sector pero se han visto superadas por la fuerte evolución de la actividad. Esta iniciativa no es exclusiva de España. La decisión de regular el juego online para proteger al ciudadano es una tendencia internacionalmente consolidada, según explica la memoria del Real Decreto que ha redactado el Ministerio de Hacienda para limitar la publicidad del sector.

Durante el último año, los principales países de nuestro entorno disponen de normas ya aprobadas o en fase avanzada de tramitación sobre la materia. Es el caso de países como Francia, Italia, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Irlanda, Países Bajos, la República Checa o el propio Reino Unido, que con su Gaming Act de 2014 obliga a seguir la normativa del territorio donde se consume la actividad de juego, no desde donde se ofrece. Además, las comunidades autónomas ya disponen de normas específicas que regulan la publicidad del juego en su territorio.

También impedirá la publicidad de las apuestas que se insertan como parte de las retransmisiones deportivas, tanto televisivas como radiofónicas. De esta forma, obligará a que “se diferencie claramente la comunicación comercial de la retransmisión del evento en sí, de tal forma que no aparezca integrada en la narración o los diálogos de los encargados de aquella”. La norma establece que los anuncios del juego “deben ser fácilmente identificables y reconocibles, en particular por los consumidores, sin que requieran de ningún esfuerzo para la apreciación o interpretación de su naturaleza comercial”. Además, exigirá identificar con claridad el operador del juego que se promociona. Para que quede claro que se trata de un anuncio, obligará a que figure la palabra “publicidad” en el anuncio.

Además, prohíbe la aparición en los anuncios o publicidad de actividades de juego “de personas o personajes famosos o de relevancia o notoriedad pública, reales o de ficción, que tengan un atractivo especial y diferenciado para el público infantil o juvenil”, a menos que hagan un llamamiento al juego responsable. En este sentido, el borrador incluye un capítulo para proteger a los menores de este tipo de actividad. Para ello prohíbe toda publicidad y anuncios que inciten directamente a los menores a apostar por sí mismos o con ayuda de terceros e impide la comunicación comercial que utilice la imagen o la voz de niños.

ampoco se permitirá la publicidad “en el interior de salas y otros espacios públicos en los que se desarrollen proyecciones de obras cinematográficas, representaciones o actuaciones teatrales, musicales u otros espectáculos públicos no restringidos a mayores de edad”.

La norma, que está en fase de información pública para que los agentes sociales presenten enmiendas, consta de 36 artículos que limitan las comunicaciones comerciales de las actividades del juego y establece las políticas de juego responsable y protección de usuarios.

Esta regulación se produce porque el sector ha vivido una eclosión en los últimos años. Un reciente informe de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) revela que en el último trimestre del año pasado los usuarios destinaron 1.853,76 millones de euros a las páginas de juego online, un 25,78% más que en el mismo periodo de 2013. Las empresas destinaron el año pasado 114,4 millones a publicidad y promoción.

Desde 2012, cuando el Gobierno regularizó la actividad y concedió las licencias para operar en España —hasta entonces muchas se establecían en Gibraltar para esquivar al fisco— la actividad del juego online se ha multiplicado. En los dos últimos años el juego regulado a través de Internet ha generado 12.164 millones, según el informe de la DGOJ. Medio centenar de empresas ya tienen licencias para operar y han abierto más de un centenar de páginas web de apuestas y juego online.

Durante este periodo el Gobierno ha aprobado varias normas para regular el sector pero se han visto superadas por la fuerte evolución de la actividad. Esta iniciativa no es exclusiva de España. La decisión de regular el juego online para proteger al ciudadano es una tendencia internacionalmente consolidada, según explica la memoria del Real Decreto que ha redactado el Ministerio de Hacienda para limitar la publicidad del sector.

Durante el último año, los principales países de nuestro entorno disponen de normas ya aprobadas o en fase avanzada de tramitación sobre la materia. Es el caso de países como Francia, Italia, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Irlanda, Países Bajos, la República Checa o el propio Reino Unido, que con su Gaming Act de 2014 obliga a seguir la normativa del territorio donde se consume la actividad de juego, no desde donde se ofrece. Además, las comunidades autónomas ya disponen de normas específicas que regulan la publicidad del juego en su territorio.