Más de veinte organizaciones, que actúan bajo diferentes siglas y denominaciones, ofrecen diariamente sus productos ilegales de juego por las distintas comunidades autónomas. Se calcula que puede haber en España unos 3.900 vendedores ilegales que en 2014 pudieron recaudar más de 84 millones de euros. Ese dinero del juego ilegal, no cumple con los compromisos ni requisitos que se exigen a los operadores estatales de lotería, cuyos beneficios revierten, de una u otra ¡forma, en la calidad de vida y bienestar social de todos los ciudadanos.

Productos fraudulentos
Estas organizaciones actúan bajo el señuelo siempre de “ayudar a personas con discapacidad” con lo que confunden a muchos de los compradores que, en la mayoría de casos adquieren los boletos en la creencia de que se trata de juegos de la ONCE, dada la similitud de los boletos impresos, así como el aprovechamiento del sorteo diario de esta organización para colocar sus productos fraudulentos. Esta situación ha sido denunciada por los distintos CERMIS (plataformas representativas del sector de la discapacitados), que representan al 95% de los 3,8 millones de personas con discapacidad y a las cerca de 7.000 asociaciones del tejido social de la discapacidad existentes en nuestro país.

La oferta de juego ilegal actúa, muchas veces ante la permisividad de las autoridades, incumpliendo sus obligaciones fiscales o de la Seguridad Social, precarizando y subempleando a personas que, bien con una discapacidad, o bien en otra situación de vulnerabilidad como inmigrantes o personas con escasos recursos económicos, son pasto de la explotación.

A esto se añade la indefensión y el engaño a casi 100.000 consumidores, que diariamente adquieren estos productos no autorizados, que en ciertos casos no garantizan los premios que hipotéticamente se ofertan dado que este tipo de juego no se somete a ningún tipo de control en cuanto a su volumen de ventas, volumen de emisión, precio, porcentaje destinado a los premios, la distribución de éstos, etc. Por el contrario, lo recaudado por estas organizaciones ilegales no se sabe dónde va a parar. O sí, presuntamente al bolsillo de algunos de los responsables de sus estructuras, o para el montaje de sociedades instrumentales o interpuestas para desviar los fondos amparándose en la caridad mal entendida hacia las personas con discapacidad, sin que haya quedado acreditado ninguno de los beneficios que supuestamente ofrecen a este colectivo.

Más de veinte organizaciones, que actúan bajo diferentes siglas y denominaciones, ofrecen diariamente sus productos ilegales de juego por las distintas comunidades autónomas. Se calcula que puede haber en España unos 3.900 vendedores ilegales que en 2014 pudieron recaudar más de 84 millones de euros. Ese dinero del juego ilegal, no cumple con los compromisos ni requisitos que se exigen a los operadores estatales de lotería, cuyos beneficios revierten, de una u otra ¡forma, en la calidad de vida y bienestar social de todos los ciudadanos.

Productos fraudulentos
Estas organizaciones actúan bajo el señuelo siempre de “ayudar a personas con discapacidad” con lo que confunden a muchos de los compradores que, en la mayoría de casos adquieren los boletos en la creencia de que se trata de juegos de la ONCE, dada la similitud de los boletos impresos, así como el aprovechamiento del sorteo diario de esta organización para colocar sus productos fraudulentos. Esta situación ha sido denunciada por los distintos CERMIS (plataformas representativas del sector de la discapacitados), que representan al 95% de los 3,8 millones de personas con discapacidad y a las cerca de 7.000 asociaciones del tejido social de la discapacidad existentes en nuestro país.

La oferta de juego ilegal actúa, muchas veces ante la permisividad de las autoridades, incumpliendo sus obligaciones fiscales o de la Seguridad Social, precarizando y subempleando a personas que, bien con una discapacidad, o bien en otra situación de vulnerabilidad como inmigrantes o personas con escasos recursos económicos, son pasto de la explotación.

A esto se añade la indefensión y el engaño a casi 100.000 consumidores, que diariamente adquieren estos productos no autorizados, que en ciertos casos no garantizan los premios que hipotéticamente se ofertan dado que este tipo de juego no se somete a ningún tipo de control en cuanto a su volumen de ventas, volumen de emisión, precio, porcentaje destinado a los premios, la distribución de éstos, etc. Por el contrario, lo recaudado por estas organizaciones ilegales no se sabe dónde va a parar. O sí, presuntamente al bolsillo de algunos de los responsables de sus estructuras, o para el montaje de sociedades instrumentales o interpuestas para desviar los fondos amparándose en la caridad mal entendida hacia las personas con discapacidad, sin que haya quedado acreditado ninguno de los beneficios que supuestamente ofrecen a este colectivo.