El responsable del Plan Nacional ha mostrado su preocupación por el consumo de esta sustancia, que es "la más fácil de conseguir" y está considerada como la de menor riesgo para la salud, y por ello ha considerado necesario promulgar esta normativa "básica de mínimos" ya que en algunas comunidades autónomas como Asturias está permitido su acceso a partir de los 16 años.
"No se trata tanto de legislar desde el Estado lo que tienen que hacer las Comunidades y Ayuntamientos, pero sí significar de algún modo cuáles son las circunstancias en las que el consumo de alcohol en los adolescentes está claramente perjudicando a su salud y desarrollo", según ha declarado tras su comparecencia.
Para ello, el Gobierno intentará redactar esta normativa con el consenso de otras Administraciones, según De Asís, quien ha subrayado no obstante que "cuando el Estado emite legislación que pueda ser considerada básica es "de obligado cumplimiento por parte de todos los territorios".
El Ejecutivo, además, aprovecharía esa norma, según ha afirmado, para definir los distintos ámbitos de intervención en los que "es natural hacer la prevención" y cuáles son los criterios que tienen que cumplir los programas para que sean eficientes y puedan recibir fondos del Estado de cara a financiar esas actividades.
Tras subrayar que el dinero destinado a programas contra el consumo de alcohol se ha duplicado de 2009 a 2011, De Asís ha hecho hincapié en la importancia del lenguaje en el consumo de drogas y ha asegurado que no se puede hablar de "blandas y duras" porque no se puede trasladar la idea de que hay sustancias "que no pasa nada porque se consuman y otras que si se hace son terribles".
Ahí ha querido subrayar, por ejemplo, el poder adictivo del cannabis, que consigue atrapar al 7% de las personas que lo prueban e incluso es factible que un único consumo sea detonante de otras patologías psiquiátricas que hasta el momento no habían dado la cara.
Y se ha referido de nuevo, como ya lo hiciera antes de comparecer, a la decisión del Ayuntamiento catalán de Rasquera de autorizar una plantación de cannabis en la localidad.
"Tengo el convencimiento personal -ha comentado- de que se ha visto una oportunidad de negocio en un determinado ámbito y hay quien está dispuesto a explotarlo a ultranza y a llamarlo privado al consumo de miles de personas y además a decir que no hay afán de lucro, pero pagando más de un millón de euros en dos años".
Además, ha recordado una encuesta de 2009 del Plan Nacional sobre la valoración de los ciudadanos sobre las distintas medidas posibles para abordar en las drogas, en concreto que sólo el 29 % de los ciudadanos "ven la legalización del cannabis".
Los portavoces de los distintos grupos han mostrado su preocupación también por el consumo de alcohol, pero también por otras estadísticas que ha recordado De Asís: un 7,6% de la población entre 15 y 64 años ha consumido cannabis en los últimos 30 días; un 5,2 ha tomado hipnosedantes y un 1,2 ha consumido cocaína
Colaboran:
Los pasados días 28 y 29 de enero tuvo lugar en Torremolinos el I Congreso Andaluz de Asociaciones de Drogodependencias y otras Adicciones, organizado por las Federaciones Andaluzas ENLACE, REDES, FAAR, FAJER y AL-ANDALUS, donde la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social anunció que no publicará la convocatoria de subvenciones de 2012 hasta haber ingresado las ayudas correspondientes a 2011.
Casi 500 personas pertenecientes a entidades sociales de drogodependencias y otras adicciones de toda Andalucía se dieron cita el pasado fin de semana en Torremolinos para debatir sobre el presente y el futuro de la prevención de las adicciones. Junto al enriquecimiento mutuo que supuso compartir experiencias de prevención escolar, familiar y comunitaria en los grupos de trabajo simultáneos, se generó una enorme preocupación entre las entidades por la intervención en plenario de Micaela Navarro, Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, que anunció que la convocatoria de subvenciones de 2012 no saldrá publicada hasta haber abonado las ayudas de 2011, que todavía se encuentran pendientes de pago.
Todas las federaciones andaluzas de adicciones se han unido para denunciar que la labor que desarrollan muchas asociaciones está corriendo serio peligro, por los recortes en las ayudas y los retrasos en las convocatorias y pagos, y que eso se está traduciendo en más conflicto social en los barrios y pueblos en los que están interviniendo. No sólo están conteniendo muchos problemas de exclusión social en estos momentos de crisis y aumento de las demandas, sino que además consideran que están financiando a la Administración Pública, algo absolutamente insostenible para las entidades sin ánimo de lucro.
Según datos de las federaciones andaluzas de adicciones, entre 2005 y 2010 la población atendida por las asociaciones ha crecido en torno a un 47%, mientras en ese mismo periodo la partida presupuestaria de “Entidades colaboradoras” del Plan Andaluz sobre Drogas y otras Adicciones ha sufrido un recorte de más del 27%. Esta situación está provocando que muchas personas con graves necesidades no reciban atención, porque las asociaciones se están viendo obligadas a reducir horarios y proyectos, sobre todo si añadimos a esto que aún no se han cobrado las subvenciones de 2011.
Ante esta situación, las federaciones coinciden en exigir a la Administración andaluza que ingrese urgentemente las ayudas concedidas en 2011 y publique la convocatoria de subvenciones para 2012 en el primer trimestre del año. En su opinión, “es inaceptable y muy grave que una red de atención que ha tardado en construirse más de 25 años con el esfuerzo de tantas personas, se venga abajo en momentos de crisis, cuando más falta hace. La Junta de Andalucía debe cumplir sus compromisos y apoyar decididamente la labor del movimiento asociativo”.