Created: 14 June 2021

A su juicio, "la política de la Junta de Andalucía es, claramente, favorable a las poderosas empresas que se enriquecen con el negocio del juego, y esto, a costa del dinero de quienes juegan". "El juego no aporta nada a quienes juegan, aporta muy poco a la sociedad (vía impuestos, cada vez más bajos y normalmente con sedes impositivas en lugares lejanos) y aporta muchísimo a las empresas del juego (que no son andaluzas, por supuesto). Como suele decirse, la única manera de ganar algo con el juego es teniendo acciones de las empresas que explotan el negocio", argumentan.

Según denuncian, "ciertos programas educativos puestos en marcha en las escuelas son una forma de blanquear a las empresas que se enriquecen con el juego". Se refieren por ejemplo, al Proyecto FES, impulsado por la Plataforma para el Juego Sostenible (formada por empresas de juego presencial) y apoyado públicamente por la Junta de Andalucía como un "valioso ejemplo de colaboración público-privada". "Han puesto al lobo a cuidar a las ovejas y parece ser que las entidades de adicciones quedamos para hacer el trabajo ingrato de atender a las ovejas 'descarriadas'", lamentan.

Su conclusión es que "el juego es un problema que afecta a las personas, a las familias y a la sociedad en general, no aporta beneficios estimables para quienes juegan y utiliza mecanismos de muy dudosa legitimidad para atraer a las personas más vulnerables". "En el mapa de nuestras ciudades y pueblos, basta una pequeña mirada para descubrir dónde deciden instalar sus negocios", apuntan, añadiendo acerca de ello que "es llamativo que no se permita a los ayuntamientos regular este asunto, y es llamativo que sean los ayuntamientos precisamente (que están muy cerca de la realidad social) quienes más insistan en la necesidad de limitar la muy preocupante expansión de estos negocios que chupan la sangre a tantas familias".

Las entidades indican también que "la realidad es que cada vez más personas tienen problemas con el juego, y en esto no es inocente la política que se hace desde las instituciones públicas, claramente más alineada con los intereses del lobby del juego que con los intereses de las familias y de las entidades que intervienen en el sector".

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