fuente: abc.es
Antes de que el Covid-19 hiciera saltar por los aires la normalidad conocida hasta el momento y reordenara las prioridades básicas, las protestas contra las casas de apuestas y la preocupación por su posible influencia en los jóvenes eran una constante en Madrid. Fruto de aquella preocupación vecinal, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de la capital iniciaron una campaña de inspecciones, cada uno en el ámbito de sus competencias. A pesar de la pandemia, la Agencia de Actividades municipal (ADA) continuó con la labor de vigilancia que en esta primera etapa se ha saldado con la detección de deficiencias urbanísticas en el 70 por ciento de los casos, según el informe del Área de Desarrollo Urbano.
Su iniciativa cuenta con la oposición frontal del Gobierno de Andalucía que ha advertido a los consistorios que han establecido moratorias e iniciado modificaciones de sus PGOU para establecer limitaciones de que las “competencias en materia de planificación de juegos y apuestas” y de “prevención del juego” son exclusivas de la Junta. En los escritos remitidos, entre otros al Ayuntamiento de Sevilla, se recordaba que la Consejería de Hacienda iba a regular unas distancias máximas de 150 metros en un decreto que se prevé para finales del mes de marzo, pero que no tiene una fecha concreta de publicación. En el caso de Cádiz, que aprobó en septiembre unas distancias de 500 metros —con el visto bueno de las consejerías de Fomento y Salud―, el Ejecutivo regional ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
La pandemia ha amortiguado la pugna que muchas administraciones locales y regionales habían iniciado a lo largo de 2019 para frenar la proliferación de las casas de apuestas en sus territorios, un fenómeno que había incrementado el riesgo de enganchar al juego a personas cada vez más jóvenes. En estos últimos meses, las moratorias a la apertura de nuevos locales se han solapado con el cierre obligado por el primer confinamiento y las restricciones de las sucesivas olas. La vuelta a la normalidad ha resucitado la necesidad de regular y ordenar la ubicación de los salones de juego en las ciudades, en un camino que no siempre corre parejo entre los gobiernos autónomos y los ayuntamientos, provocando en ocasiones un choque de competencias e intereses.
No hay todavía estudios relevantes sobre los efectos de la pandemia en la adicción al juego, aunque las asociaciones de exjugadores sí reconocen un aumento de las consultas. “Durante el confinamiento ha subido el número de personas que no estaba en el juego atraído por el juego on line, no sabemos qué tanto por ciento caerá en la adicción, pero tras la desescalada y con la reapertura de las salas físicas hay una vorágine en todos los sectores”, advierte Juan Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar).
La encuesta EDADES 2019-2020 que elabora el Plan Nacional Sobre Drogas —cuyo trabajo de campo finalizó el 13 de marzo, en vísperas del estado de alarma—, constata un incremento de las apuestas on line (6,7% frente al 3,5% en 2017-2018) y presenciales (63,6% frente al 59,5%), en personas de entre 15 y 65 años. “El hecho de que las casas de apuestas vuelvan a estar operativas en las situaciones ansiógenas y estresantes que está provocando la pandemia, con pérdida de empleos e incertidumbre generalizada, puede inducir a desarrollar la actividad del juego como una válvula de escape”, explica José Manuel Recouso, psicólogo de Asociación Gallega de Ludópatas Rehabilitados (Agalure).
De los peligros de los locales de juego presenciales sabe mucho Alejandro Torre, el portavoz de la Plataforma contra las Casas de Apuestas de Málaga. Tiene 24 años y completó su rehabilitación con 21. “Comencé a jugar siendo menor y entrando en los salones de juego”, explica. Torre recalca que a las terapias llegan cada vez más jóvenes de 18 años.
Conflicto de competencias
La regulación del juego presencial es competencia de las comunidades autónomas. Algunas, como Valencia, Murcia o Madrid, actualizaron su legislación para adaptarla al nuevo fenómeno de las casas de apuestas, prevenir la ludopatía en los jóvenes y atender a una demanda social cada vez más creciente de ponerles coto. Otras, como Galicia, Navarra o País Vasco, iniciaron las reformas justo antes o en mitad de la pandemia y establecieron moratorias mientras se tramitaba la nueva normativa.
Varios municipios han optado por acelerar el proceso y regular por su cuenta a través de modificaciones en su PGOU —el mismo procedimiento que cuestiona la Junta de Andalucía― como Zaragoza (PP), que después de una moratoria comenzó a tramitar en enero los cambios para establecer distancias de 300 metros; Burgos (PSOE), que en febrero prohibió instalar casas de apuestas en zonas residenciales; o Pamplona (Navarra Suma), donde se impondrán distancias de 400 metros. Estos consistorios han seguido la estela del de Barcelona, pionero en regular en el ámbito local, en 2019. En todos estos casos las iniciativas han contado con la unanimidad de los grupos políticos y no ha habido injerencias por parte de los Gobiernos autónomos.
El Ejecutivo andaluz ha adoptado una posición muy beligerante respecto de los municipios que en aras de la prevención de la salud pública han regulado distancias ante la ausencia de normativa regional específica. “Nuestros escritos tienen un carácter preventivo. El tema de la salud es importante, pero los límites en la ubicación deben ser proporcionados, porque de lo contrario se iría en contra de la libertad de empresa”, sostiene Manuel Vázquez, director general de Tributos y Juego de la Junta.
Vázquez defiende que en Andalucía hay margen para la instalación de estas empresas y que “no parece lógico que si un operador quiere establecerse se encuentre con normativas distintas en cada municipio”, una argumentación que coincide con la del director general de la patronal del juego (Cejuego), Alejandro Landaluce. “Estamos atónitos ante esta avalancha de normativas y las recurrimos porque va en contra de la Ley, son las comunidades las que deben regularlo. Con algunas limitaciones hay municipios donde no se podría abrir locales”, defiende.
Ambos coinciden en que una casa de apuestas es más segura en cuanto al acceso al juego que la modalidad on line. “En los salones hay muchos controles para evitar la entrada de menores”, defiende Landaluce, que explica que se coteja el DNI antes de entrar y que se han establecido medios electrónicos para controlar ese acceso en muchos casos “La gente que juega en salones siendo menor de edad entra por la puerta”, advierte, sin embargo, Torre. “Cuando se limita la opción del juego, baja la actividad”, puntualiza Recouso. “Cualquier medida que se adopte sobre la concesión de licencias es favorable de cara a prevenir la ludopatía, el servicio está cubierto”, abunda.
Más allá de la pugna competencial, es un hecho que en la mayor parte de España resulta complicado instalar nuevas casas de apuestas. Allí donde no se han regulado ya las distancias, están activas moratorias mientras se pone fin a la tramitación. Es el caso de Baleares, de Madrid —que ya ha regulado, pero que va a afinar las medidas sobre todo en materia sancionadora—, País Vasco, Galicia o Asturias, dos comunidades donde sus anteproyectos limitan las licencias a las ya activas. Murcia, la región con mayor densidad de casas de apuestas por habitante, se plantea, sin embargo, levantar la moratoria.
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Hablamos con un joven que ha dejado atrás su ludopatía y ahora es voluntario en una asociación: "Salía del salón de juegos, me sentaba en un escalón y me quedaba allí horas, sin hacer nada, porque no sabías qué había pasado"
Daniel (nombre ficticio) lo llegó a ver todo oscuro cuando se suponía que estaba en la mejor etapa de su vida. Con apenas la veintena era víctima de algo que nadie le explicó que le podía suceder. El juego lo era todo. Poker online, ruleta o apuestas deportivas copaban sus días. Trabajaba, exclusivamente, para gastarlo en eso. Por suerte ha rehecho su vida y mira al futuro con optimismo y, además, de forma generosa porque ayuda a otros jóvenes a tratar de salir de ese mundo en una asociación de jugadores en rehabilitación. Las administraciones están enfrascadas en los tribunales o en los despachos para tratar de definir cómo poner coto al aumento de los estímulos al juego en nuestra sociedad, al "¡apuesta, apuesta, apuesta!" o a la proliferación de casas de apuestas en plena ciudad. De hecho, Sevilla acaba de paralizar su limitación a ese tipo de establecimientos ante las amenazas de la Junta. Daniel, que sabe bien de lo que habla, ofrece un duro testimonio y avisa: "Tenemos ahora mismo una bomba en las manos y nosotros decidimos si la queremos pagar o la queremos explotar. Por lo que veo, lo único que se quiere es explotar. Y, cuando explote, nadie se hará responsable".