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La sentencia del TSJM relata que se identificó, mediante los datos por él mismo cumplimentados de su puño y letra, como único perceptor del premio, sin que en ningún momento acreditase que comparecía en representación de otra persona. En los impresos de solicitud del premio se desglosan los requisitos para cobrarlo, entre los que se encuentran no estar vinculado de ningún modo a la ONCE ni estar inscrito en alguno de los registros de personas con problemas de juego. En los mismos documentos se pone de manifiesto que, una vez firmados, no se puede modificar la identidad o número de preceptores.
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El interesado se había dado de alta cinco meses atrás, con carácter indefinido, en el registro general de juego de la DGA, así como en el que atañe a todo el país. "Cuando una persona viene a cobrar un premio, primero se hacen una serie de comprobaciones con los datos de los que disponemos. Si salta alguna alarma, la persona al cargo de la tesorería no da el visto bueno y no se da la orden de pago a la entidad bancaria", explican desde la delegación territorial aragonesa de la ONCE.
Como así ocurrió, el director general de la organización denegó el pago, por lo que el interesado interpuso un recurso de alzada, que fue desestimado por el consejo general.
El reglamento regulador de la entidad establece que se suspenderán de abono los premios superiores a 2.500 euros a participantes menores de edad o que se encuentren inscritos en los registros de personas con problemas de juego. El mismo artículo concreta que el dinero del premio, como ha ocurrido en esta ocasión, se destinará a los fines sociales propios de la ONCE.
La estrategia procesal del demandante se sustentó en afirmar que no entendió correctamente los documentos que firmaba y que el cupón era de otra persona, si bien en ningún momento acreditó esa circunstancia ante el juez aportando un mandato de cobro ni con una mención en la solicitud de pago. "Cautelas mínimas estas que serían de esperar en una persona inscrita a solicitud propia en el RGIAJ (el registro de la dirección general de Juego) cuando va a cobrar un premio en nombre de un tercero", concluye la sentencia.
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Aonujer hace un llamamiento a los salones de juego tras encontrarse a un chico de 15 años en uno de ellos
Desde la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación alertan de que en los dos últimos años se ha casi duplicado los tratamientos a personas afectadas, y denuncian públicamente que "no se esta teniendo ningún control sobre los menores que acuden a los salones de juego, ni en los bares donde existen máquinas tragaperras".
El presidente de la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Aonujer), Jorge Barroso, ante la afluencia de jóvenes y menores que acuden a ponerse en tratamiento en esta asociación por un problemas de adicción –ludopatía-, ha realizado un llamamiento “a la conciencia” de los dueños y empleados de los salones de juegos.
La Comunidad argumenta su decisión en que ese tipo de máquinas están excluidas del Reglamento de Máquinas Recreativas de la Comunidad, redactado en 2009, que no considera máquinas recreativas aquellas “de mero pasatiempo o recreo que, disponiendo de juegos infantiles o deportivos, permiten obtener a la persona usuaria, dependiendo de su habilidad, además de un tiempo de uso o de juego, vales, fichas o elementos similares que sean canjeables por juguetes de un valor preestablecido y conocido por el usuario, siempre que el valor reflejado en los vales sea inferior al coste dinerario de las partidas necesarias para conseguirlos”.
“Si hubiera máquinas como las de tabaco que dispensaran cigarrillos de chocolate todos nos escandalizaríamos. Hace años que se quitaron los cigarros de chocolate porque entendimos que suponía para los niños imitar una actividad perjudicial de los mayores”, dice a este periódico Emilio Delgado, diputado de Ahora Podemos en la Asamblea de Madrid, que también denunció el caso de esta máquina ante la Consejera de Economía en un Pleno del parlamento autonómico.
“Si la normativa ha quedado obsoleta habrá que cambiarla, pero no se puede permitir que siga funcionando esta máquina porque la norma no la contemple”, señala el diputado, que ha anunciado que va a pedir el censo de máquinas Big Bass Wheel que existen en la Comunidad para detectar otros posibles casos.
El grupo ha propuesto la creación de un Consejo del Juego en la que se integre a representantes del sector, asociaciones de afectados por la adicción al juego y a administraciones de la región de cara a elaborar una legislación más avanzada que regule casos como este o el que afecta a la distribución geográfica de las casas de apuestas, que hoy por hoy pueden instalarse cerca de colegios o de centros de rehabilitación.
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